La educación como un derecho

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¿El gobierno transitorio pretende privatizar la educación en Bolivia?
¿Qué intereses tiene el régimen para buscar la clausura del año escolar?
¿El gobierno transitorio pretende privatizar la educación en Bolivia?
¿Qué intereses tiene el régimen para buscar la clausura del año escolar?

La crisis, a causa de la pandemia, en Bolivia trajo consigo una serie de consecuencias. No obstante, este periodo de inestabilidad se arrastra desde octubre y noviembre del pasado año, cuando se gesta en Bolivia un golpe cívico-policial-militar; afectando más de 13 años de un gobierno legítimo y políticas en beneficio de las mayorías para ingresar en una etapa oscura para la vida del Estado Plurinacional con planteamiento retrogradas, fanáticos y embanderando el republicanismo. En este marco, luego de esta crisis político-democrática nos enfrentamos a una crisis sanitaria con el ingreso del coronavirus al territorio boliviano, ante lo cual el gobierno transitorio no mostró ningún interés en responder de manera efectiva a esta amenaza, más bien actuó con total indolencia e irresponsabilidad, donde contrariamente sucedieron hechos de corrupción vinculada a este momento crítico en temas de salud. Paralelamente devino una ola de despidos masivos en entidades públicas sin tener consideraciones de ningún tipo, dejando al aparato estatal en medio de vacíos e incapacidad de gestión pública; esto incrementó la crisis de empleo a nivel nacional por las connotaciones de la pandemia y el confinamiento que asumió el gobierno como única medida reiterando su incapacidad de gobernar.

Con lo antecedido, el 2 de agosto del año en curso, luego de varios meses de que la educación estuvo a la deriva; el gobierno transitorio con sus ilustres máximas autoridades ejecutivas optaron por clausurar el año escolar de manera abrupta y dictatorial. De esta manera, se vulneró la Constitución Política del Estado donde, en el Artículo 9, se establece que es fin y función esencial del Estado  garantizar el acceso de las personas a la educación. De la misma manera, el Artículo 17 reconoce a la educación dentro de los derechos fundamentales a la cual se debe acceder de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación en todos los niveles. A estos primeros elementos normativos que pretenden garantizar el derecho a la educación se suma otro marco normativo internacional donde se establece la necesidad de que los Estados sean garantes de estos derechos como mandato ineludible; no obstante en Bolivia de manera soberbia y discriminadora se tomó la decisión de vulnerar este derecho constitucional.

Con lo mencionado, un importante sector poblacional en etapa escolar se vio librado a su suerte con esta medida irresponsable del gobierno transitorio, lo cual significa una serie de consecuencias como el aumento de las brechas de desigualdad si consideramos a la educación pública-privada, o la urbana-rural a partir de lo cual se despliega una cadena de elementos por considerar y que están vinculados a la educación escolarizada. Así, nuevamente salen a flote los estratos sociales y su capacidad de reacción o respuesta ante esta medida donde las “autoridades” dejaron a su suerte a miles de estudiantes junto a sus familias. Entonces debemos entender que la educación es un mecanismo de movilidad social que permite romper y superar círculos de pobreza y representa una oportunidad para acceder a mejores niveles de vida partiendo de la posibilidad de profesionalización o especialización en algún área de formación.

Dentro de la educación pública, las familias se vieron obligadas a levantar las manos y tratar de sobrellevar esta crisis, centrando su atención a la parte económica, con el objetivo de subsistir día a día incluso arriesgando su salud o seguridad ante el confinamiento policiaco que se dictaminó en todo el país. Por su parte los colegios privados no perdieron la oportunidad de sacar una tajada y lucrar con la educación, negociando con las familias por clases complementarias y otras figuras que eviten la pérdida de sus ganancias y negocios a nombre de educación; esto también representó, en algún sentido, el inicio de privatización de toda la educación en Bolivia donde quienes puedan pagar podrán seguir estudiando. Así vamos cerrando círculos en el análisis donde se asocian todos los factores ligados a la educación, como la pobreza, el acceso a tecnología, brechas de género; problemáticas que, por ahora, solo el Estado es capaz de solucionar. Por el contrario, con lo ocurrido en las últimas semanas el oscurantismo gubernamental también atenta contra un derecho fundamental de las y los estudiantes, mostrando los verdaderos interés que el régimen lleva consigo.

Pero no todo está perdido, ya que el 19 de agosto la Sala Constitucional I del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, en audiencia de Acción Popular, determinó dejar sin efecto la resolución que determina la clausura del año escolar y, además, fijó un plazo de 10 días para que el Gobierno, a través del Ministerio de Educación, presente una política integral para garantizar el derecho a la educación. Con esta medida se deja sin efecto la clausura del año escolar y da un mensaje de que el gobierno transitorio no atente contra los derechos humanos ante su incapacidad de atender las demandas de la población. Bolivia no puede seguir sumida en la incertidumbre en todos los ámbitos, peor aun cuando se tiene un gobierno sin ninguna legitimidad y que se niega a cumplir su único mandato, el de llamar a elecciones, prorrogándose por muchos meses más allá de lo encomendado. Ahora el Derecho a la Educación también se convierte en bandera de lucha para recuperar la democracia y retomar un tiempo de estabilidad, con igualdad de oportunidades para todas y todos.