Crisis de estado 2019, masacres y abuso de poder

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¿Qué pasó realmente en Bolivia entre octubre y noviembre de 2019?
¿Quiénes son los responsables de las muertes, heridos y detenidos en la crisis del 2019?
¿Qué pasó realmente en Bolivia entre octubre y noviembre de 2019?
¿Quiénes son los responsables de las muertes, heridos y detenidos en la crisis del 2019?

La Defensoría del Pueblo presentó el informe referido a la crisis de Estado sufrida en los meses de octubre y noviembre de 2019, con el título de “Informe Defensorial Crisis de Estado Violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre – Diciembre 2019”. Este informe está fundamentado por varios informes previos y paralelos llevados a cabo por varios organismos de Derechos Humanos internacionales, entre los que se tiene:

  • Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “CIDH presenta sus observaciones preliminares tras su visita a Bolivia” de 10 de diciembre de 2019.
  • Clínica de Derechos Humanos de Harvard, “Nos dispararon como animales: noviembre negro y el Gobierno interino de Bolivia” de 27 de julio de 2020.
  • Amnistía Internacional, “Bolivia: Amnistía Internacional denuncia impunidad en violaciones de derechos humanos cometidas durante crisis postelectoral” de 20 de agosto de 2020.
  •  Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH), “La situación de los Derechos Humanos tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia” de 24 de agosto de 2020.
  • Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia de Estado (ITEI), “Tortura y malos tratos en los acontecimientos de noviembre 2019 en La Paz – Bolivia” de 04 de junio de 2020.

En los hechos sucedidos en este luctuoso tiempo se tuvo como eje central la concreción del golpe de estado que, incluso, posteriormente cobró la vida de personas que solo reclamaban por sus derechos. Así, se tuvieron un total de 37 muertos, 283 heridos y 1061 detenidos, principalmente, a partir de la autoproclamación de Jeanine Añez y sus ministros. Entre las principales conclusiones del Informe Defensorial encontramos:

  • No ha existido, ni existe un proceso de pacificación real en el país, pues si bien cesaron las movilizaciones sociales y bloqueos de caminos, las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, así como eximir de responsabilidad penal prevista en el Decreto Supremo N° 4078; la persecución a ultranza de opositores políticos; la violación sistemática de derechos humanos y el manto de impunidad sobre éstas, no permitirán restablecer la paz y armonía en el Estado Plurinacional de Bolivia.
  • Las veinte (20) muertes ocurridas en Sacaba y Senkata, durante las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, se constituyeron en masacres, al haberse cometido el delito de Asesinato de forma sistemática, en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno Transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad. Asimismo, las dos (2) muertes suscitadas en el norte integrado del Departamento de Santa Cruz y la muerte (1) acaecida en el municipio de Betanzos del Departamento de Potosí, al tener las características ya descritas, también constituyen asesinatos bajo la modalidad de lesa humanidad.
  • Las tres (3) muertes acaecidas en los con­flictos de las zonas de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa de la ciudad de La Paz durante la intervención de la Policía Boliviana y personas particulares con su aquiescencia, se constituyen en asesinatos de lesa humanidad, al haberse cometido de forma sistemática, en contra de población civil y respondiendo a una organización (agentes policiales y civiles con cascos blancos) para cometer dicho ataque; así como la muerte (1) ocurrida el 11 de noviembre en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba.
  • Las diez (10) muertes suscitadas en los Departamentos La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que contemplan efectivos policiales y un trabajador de la prensa, constituyen hechos de Asesinato, Homicidio u otras afectaciones al Derecho a la Vida, provocadas por personas particulares y ante omisiones de brindar seguridad por la Policía Boliviana.
  • En las detenciones realizadas el 11 de noviembre en las zonas de Ovejuyo, Rosales, Pedregal y Chasquipampa de la ciudad de La Paz, las suscitadas en las zonas de Ciudad Satélite, Villa Dolores, Faro Murillo y Villa Adela de la ciudad de El Alto y su posterior remisión a los Distritos Policiales 4 y 3, Comando General de la Policía Boliviana y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la ciudad de La Paz y durante la custodia de las personas detenidas, la Policía Boliviana cometió actos de tortura.
  • Se conformaron e implementaron grupos paraestatales, que se arrogaron y aún se arrogan las funciones de seguridad interna de competencia exclusiva de la Policía Boliviana; desarrollando también acciones sistemáticas de amedrentamiento que afectan la dignidad e integridad de sectores de la población, produciendo lesiones y daños graves y permanentes en la integridad personal, así como la afectación a la propiedad privada, pública y de organizaciones sociales bajo la permisibilidad y en  complicidad con la Policía Boliviana.

Es fundamental que toda la población boliviana conozca in extenso todos los elementos de este Informe que devela aspectos que el gobierno transitorio pretende ocultar y limpiar a nombre de la democracia y peor aún con consignas de fanatismo fundamentalista religioso poniendo a dios como testigo de la muerte y el luto. Por todo ello, es pertinente que el Informe Defensorial sobre lo ocurrido entre octubre y noviembre de 2019 sea difundido en todos los espacios para que la población boliviana sea la base para la recuperación de la democracia y que los actores de estos hechos rindan cuentas ante la justicia porque el abuso de poder no puede quedar impune.